11:16 | En julio pasado fueron 272 los problemas detectados por la Defensoría del Pueblo. Los conflictos de origen minero son los que más abundan en el país.
Por Martín Huancas Chinga
La comunidad de Tumba, en Áncash; el centro poblado de Huambocancha, en Cajamarca; y la provincia de Huaytará, en Huancavelica, son ejemplos claro de que el diálogo es el camino más seguro para resolver conflictos. En julio se solucionaron las controversias que había entre los habitantes de esos pueblos y las empresas mineras y petroleras que operan dentro de su jurisdicción. Así, la comunidad obtuvo lo que pedía y los privados avanzaron sus trabajos.
Sin embargo, los finales felices para los conflictos sociales escasean, según da cuenta la Defensoría del Pueblo en su último informe brindado ayer a la prensa.
De acuerdo al estudio de la defensoría, en julio se presentaron 272 conflictos sociales, de los cuales 223 se encuentran activos (82%) y 49 en estado latente (18%). Durante el mes se registraron además 5 casos nuevos y 2 casos reactivados. Además, 104 conflictos se encuentran en proceso de diálogo y solo se han resuelto tres, justamente son los que citamos al inicio de esta nota.
TEMOR AL DAÑO AMBIENTAL
Los conflictos sociales más comunes, según la defensoría, tienen que ver con problemas socioambientales (125). De estos, el 70% (87 casos) corresponde a conflictos por actividades mineras, el 10% (12 casos) está relacionado con el sector hidrocarburos, el 8% (10 casos) está referido a residuos sólidos y saneamiento, el 5% (6 casos) a recursos energéticos, el 2% (3 casos) está relacionado con recursos hídricos, otro 2% (3 casos) es por la instalación de antenas de telefonía celular y 1% (1 caso) tiene que ver con tala ilegal en una zona de reserva.
El análisis defensorial profundiza también en las causas de estos conflictos y da cuenta de que el motivo más recurrente es el “temor a posible afectación ambiental” y la “supuesta contaminación generada”. Ambas causas están presentes en 98 de los conflictos socioambientales.
Al parecer esta causa generadora de conflictos ya es percibida por los mineros, según una encuesta hecha por Apoyo Comunicación Corporativa, en la cual afirman que son conscientes del problema que se alimenta de las malas prácticas de la minería informal, así como del mal antecedente que deja el manejo de la Minera Doe Run.
Sin embargo, este estudio debería ser complementado por el siguiente dato obtenido por defensoría: según el tamaño de las empresas que son parte en los conflictos, en tres de cada cuatro disputas está involucrada una minera grande o mediana, mientras que en el 20% restante aparece una pequeña minera o la actividad artesanal. Cabe recordar que la actividad extractiva en gran y mediano tamaño es de competencia del Poder Ejecutivo (Ministerio de Energía y Minas) mientras que la pequeña y artesanal de los gobiernos regionales. Es decir; si ese sector del Ejecutivo actuara con más eficiencia, los conflictos sociales disminuirían mucho.
LOS AUTORES DEL CONFLICTO
Al analizar a los involucrados en los conflictos socioambientales, defensoría destaca una mayor participación de las empresas extractivas, fundamentalmente mineras. En tres de cada cuatro casos. En los restantes, la representación de los agentes económicos son mineros informales y empresas no extractivas.
La participación de la sociedad civil recae en la mitad de los casos en la comunidad campesina, seguido por los centros poblados o caseríos y las formas de organización como frentes de defensa, comités de lucha, comités de desarrollo, entre otros.
Lo que también vale resaltar es que la participación del Estado en este tipo de conflictos se aprecia repartida entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales, así como en las municipalidades, ya sea provinciales o distritales. Son justamente los municipios distritales los más involucrados en estos casos.
Fuente Diario EL COMERCIO
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